El escándalo de los barrabravas deportados en Sudáfrica le agregó un nuevo condimento a las sospechas de que muchos de los violentos de siempre de nuestro fútbol no sólo tienen apoyos entre dirigentes de este deporte, sino también entre representantes de la política y de los gobiernos.
El papelón provocado por los diez hinchas a quienes las autoridades sudafricanas mandaron de vuelta a la Argentina pone de manifiesto la despreocupación del gobierno argentino para prevenir debidamente esta situación indeseada, que deteriora la imagen del país, al tiempo que abre más interrogantes acerca de un posible apañamiento oficial hacia estos embajadores de la violencia.
El gobierno kirchnerista, más de una vez, intentó aclarar que no tenía nada que ver con los barrabravas. Incluso a pesar de que entre los inspiradores de la ONG Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) había reconocidos militantes del oficialismo. Varios de los integrantes de ese grupo que pretendían asistir al campeonato mundial de fútbol acaban de ser deportados por las autoridades sudafricanas.
Más allá de la insistencia de funcionarios del Gobierno en desligarse de los barrabravas, días atrás se confirmó que Ariel Pugliese, un ex jefe de la barra brava de Nueva Chicago, a quien apodan "el gusano", quien se halla actualmente en Sudáfrica, y otro conocido hincha, Javier Miranda, tenían un vínculo contractual con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y fueron algunos de los participantes en los episodios de vandalismo registrados en la última Feria del Libro. En esa oportunidad, se interrumpió violentamente la presentación de un libro crítico sobre el funcionamiento del Indec.
La relación entre fútbol, política y mentiras no termina allí. Un año atrás, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había expresado públicamente que el Estado "no pondría un peso" para el financiamiento del fútbol argentino.
Poco después, la realidad lo desmintió. Hoy el Estado argentino no sólo financia al fútbol de primera división con su proyecto televisivo "Fútbol para todos", sino que hasta se da el lujo de perder plata. Entre otras cosas, porque el gobierno de Cristina Kirchner se resiste a pautar en los partidos del campeonato local otra publicidad que no sea la del Estado nacional.