Búsqueda personalizada

Para que crezca Buenos Aires

Nuestra ciudad enfrenta en lo inmediato una cantidad de problemas, muchos reales, otros imaginarios, necesarios de resolver, pero con la certeza de que Buenos Aires es una ciudad excepcional y que gracias a esta calidad su estructura básica resiste los errores cometidos en el pasado y admite correcciones para revertir una tendencia a la baja en nuestra calidad de vida.

Es importante y habla de su vitalidad que muchos la elijamos para vivir, trabajar e invertir. Es imposible pensar en una metrópolis que no crece, que no evoluciona, que no se adapta a su tiempo. Lo contrario sería condenarla a la muerte. Una ciudad que se actualiza debe, por definición, cambiar. Buenos Aires no puede permitirse la pérdida de inversiones producto de la falta de reglas claras, inseguridad jurídica, exceso de burocracia o presión tributaria o de controles excesivos. Tampoco puede pensar en crecer sin un Estado que oriente y que ayude a impulsar la inversión privada, y que incluso invierta en espacio público y edificación de uso público de calidad.

Lo dicho no implica ignorar conflictos actuales, que no se saldan paralizando obras en algunos barrios, pero tampoco ignorando el reclamo para mantener un carácter barrial o un edificio singular con valores culturales destacados. Preservar su patrimonio arquitectónico e histórico, así como aquellos valores intangibles y paisajísticos que han convertido a Buenos Aires en una ciudad de calidad internacional y destino turístico mundial, es una tarea irrenunciable.

Las primeras decisiones deben acotar los aspectos puntuales más negativos del Código de Planeamiento Urbano y sentar las bases para su futura modificación, tanto en los aspectos conceptuales como metodológicos. Las acciones de fondo deben estar orientadas a resolver las causas de los conflictos actuales, lo que implica operar y coordinar políticas en las distintas áreas del gobierno porteño y también de éste con la Nación y la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo concerniente a transporte, seguridad, salud y territorio en manos de la Nación, dentro del perímetro de Buenos Aires.

Frente a la transformación de un barrio, acelerada por el auge de las construcciones, muchos vecinos sospechan que las obras que rechazan son el producto de excepciones a las normas vigentes. No es así y cualquier modificación se rige por el sistema de doble lectura legislativa con audiencia pública, lo que haría su sanción casi imposible. Para erradicar la sospecha que impide el necesario debate se debería incluir, por ejemplo en todas las boletas de ABL, la norma del distrito de zonificación, con expresa indicación del FOT y de las alturas máximas permitidas y toda otra información que oriente y ayude a clarificar dudas y sospechas, así como ejercer un control vecinal de cuidado público básico sobre estas cuestiones.

Otro aspecto es la relación variable entre la superficie construida y la densidad de población. Es claro que en edificios destinados a los sectores económicamente altos aumenta la cantidad de metros cuadrados por habitante, así como el número de vehículos, por lo que el impacto de una obra debe medirse cuidadosamente para evitar generalizaciones inconducentes.

La carga en la infraestructura de servicios, en particular la de agua y cloacas, el consumo no siempre tiene una relación directa con la superficie cubierta y aun con el número de baños. En efecto, los hábitos de higiene personal son similares en toda la población, por lo que la utilización del servicio depende mayormente de la cantidad de habitantes de un edificio. El consumo eléctrico es en cambio directamente proporcional a la superficie cubierta y aumenta con el nivel económico de los ocupantes, por lo que se debería implementar una política de tarifas diferenciales, que eviten el subsidio a los sectores altos.

El gobierno actual de Buenos Aires debería operar con celeridad sobre estos conflictos actuales que impiden consensos y diálogos básicos, sin olvidar el trazado de grandes lineamientos que superen incluso su propio período administrativo; entonces deberían revisar en sus archivos cantidad de proyectos, concursos de arquitectura y urbanos que produjeron los anteriores gobiernos de Buenos Aires desde 1983 en adelante, ya que algunos de ellos podrían ser de utilidad, sin necesidad de volver a invertir recursos presupuestarios ya destinados oportunamente.

El autor de la nota es presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y titular del estudio Silberfaden.

Por Daniel Silberfaden
Especial para LA NACION

Fuente