A partir de la semana próxima, la Corte y el Congreso incorporarán en su agenda dos temas centrales sobre la libertad de expresión: la ley de medios y la publicidad oficial.
La ley de medios fue sancionada en octubre último. Hace un mes, la Corte revocó una primera medida cautelar de un tribunal de Mendoza, que paralizaba toda la aplicación de la ley; y luego hizo lo mismo la Cámara Federal de Salta, con una segunda medida cautelar. Como este fallo está apelado, la ley continúa técnicamente suspendida hasta que la Corte se expida, pero el Gobierno se empecina en aplicarla: desde junio hasta ahora dictó cuatro decretos y más de 50 resoluciones. Otros fallos paralizaron aspectos particulares de la ley, como el plazo de desinversión y varios artículos abiertamente inconstitucionales y el tema deberá ser resuelto por la Corte en los próximos meses.
Entonces, ¿por qué el Gobierno apura la aplicación de la ley? Esa norma nunca se inspiró en fomentar el pluralismo y favorecer la aparición de nuevos canales de expresión, sino que su principal objetivo es fragmentar a los grupos de comunicación, para obligarlos a vender sus medios y entregarlos a manos de empresarios más débiles y, en muchos casos, amigos. Así, si la ley de medios llegara a aplicarse como fue imaginada, un salteño, un mendocino y un porteño no podrían ver los mismos canales privados ni acceder a los mismos informativos o programas, porque las trasmisiones privadas tendrán límites en su alcance.
En tanto, la oposición en la Cámara de Diputados avanzará con un proyecto para regular la publicidad oficial, que el Poder Ejecutivo distribuye discrecionalmente favoreciendo a los medios oficialistas. Transcurrieron tres años desde que la Corte falló en contra de esa arbitrariedad política, pero recién ahora se puede hacer algo. Hay ocho borradores de dictamen (elaborados por la UCR, CC, Peronismo Federal) y también estudios de asociaciones (ADC, CELS y otros). Deberían ser el punto de partida para crear un organismo que transparente los fondos destinados a la publicidad, su distribución equitativa conforme con pautas objetivas y, también, la identidad de quienes se benefician con esos fondos (medios, productoras y periodistas).